Los actuales estatutos de la Universidad de Chile, que funcionan desde hace un par de años han incorporado instancias como el Senado Universitario, las cuales según las autoridades universitarias y gubernamentales han implicado la democratización y modernización de la institución, pues incorporan la participación estamental de estudiantes y funcionarios no académicos.

Al contrario, nosotros creemos que la democratización de la Universidad es una tarea pendiente, ya que a lo más se ha modificado el mecanismo formal de toma de decisiones y superficialmente las normas institucionales. La lógica que impera, y se nota cada vez que las autoridades defienden a los estatutos, es que el gobierno universitario está reservado a los académicos de elite, quienes por “mérito” alcanzan tal “honor”. La democracia, así entendida, queda relegada a un mero procedimiento… votación, sufragio de los académicos… y del mismo modo, la efectiva capacidad de decisión de las mayorías (democracia) es equiparada por ellos como un “fascismo de las mayorías”.

Es preciso acotar, que los actuales estatutos son creados a raíz de las movilizaciones nacionales de 1997, en la cual, la FECH logra el acuerdo de Rectoría de entrar en un proceso de revisión de los anteriores Estatutos, que fue sancionado por la realización de varios Referendums internos triestamentales (1998), en los que se dan una serie de lineamientos a la elaboración del nuevo proyecto de Estatuto. Se nombra un “Comisión Normativa Transitoria”, con representación “triestamental” para que hagan la propuesta. Si bien era triestamental, estaba lejos de ser paritaria: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios no-académicos a los que se suma el Rector como “Presidente”, o sea 75,7%, 18,9% y 5,4% respectivamente. En la práctica, la Comisión a través de la propuesta de nuevos Estatutos, lo que hizo, fue prolongar su misma estructura, a través del “Senado Universitario”. Se llega a esta propuesta definitiva el 2001.

Se dijo bastante en ese entonces, por parte de casi todos los sectores políticos, que esta propuesta sería un golpe mortal a la LOCE en tanto contemplaba la “participación triestamental” y durante las movilizaciones del año 2002 la Federación reforzó su compromiso con la propuesta de estatutos, pasando por alto que los representantes de funcionarios y estudiantes en conjunto no tienen ni siquiera el quórum suficiente para proponer un tema en tabla. Así, reinando la armonía entre Rectoria y Estudiantes, se pasó al siguiente paso, el proceso de presión política para su aprobación. En la práctica el gobierno no los tomó en cuenta hasta que en una decisión “audaz”, el Rector decidió impulsar de facto la nueva normativa, empezar a funcionar internamente bajo esa dinámica. Así, a fines del 2002 se eligen los miembros de lo que será, provisoriamente, la “Comisión Especial – Senado Universitario” la cual se reúne por primera vez en Marzo del 2003.

Paralelamente, durante los años 2002-2004 se negocia con el gobierno una fórmula para lograr su aprobación, en tono de “buenos amigos”, prometiendo la Concertación que podría ser aprobado por Decreto de Fuerza de Ley. La propuesta es enviada al Ministerio de Hacienda y al de Educación, que lo reenvían con “correcciones”. Se hace una contrapropuesta que, en su mayor parte, es despreciada. Esto es digno de mención… si el Estatuto era bastante tibio en su base, la propuesta finalmente defendida por la Universidad y la Federación fue patética.

Pongamos sólo un ejemplo. En la propuesta original, art. 6, se señalaba: “Dado el carácter de institución nacional, estatal y pública de la Universidad de Chile, el Estado tiene la obligación de proveer los recursos que aseguran el cumplimiento de su misión, así como su estabilidad, continuidad y desarrollo institucional. La Universidad responde ante la Nación con la realización de su labor, el adecuado uso de los recursos asignados y su compromiso de excelencia, además de ejercer las funciones de fe pública que la Ley, el Estado y la Sociedad le encomiendan”. Pero tras el paso por los Ministerios de Educación y Hacienda, volvió “reformulado”: “El patrimonio de la Universidad de Chile está constituido por sus bienes y por los ingresos que le corresponda percibir: a) Los aportes que se le concedan anualmente en virtud de la Ley de Presupuestos de la Nación y los otras leyes especiales le otorguen; b)Los montos que perciba por concepto de derechos de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados y solicitudes a la Universidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban cancelar sus alumnos; c) Los ingresos que perciba por prestación de servicios; d) Los bienes muebles o inmuebles de que sea propietaria y los que adquiera en el futuro a cualquier título; e)Los frutos de sus bienes; f) La propiedad intelectual e industrial que le corresponda de conformidad con la ley; g) Las donaciones, herencias o legados o cualquier tipo de ingresos que reciba de personas naturales o jurídicas.”

Los Estatutos de la Chile: Una Cortina Democrática frente a una Realidad Autoritaria

Si tomamos en cuenta el proceso que dio origen a los actuales estatutos, no es de extrañar que la madeja organizativa que concentra el poder en un puñado de académicos se mantenga inalterable, legitimando y profundizando con velo democrático, una institucionalidad fuertemente autoritaria y excluyente.

En esta pirámide organizativa, cuyo patrono supremo es el Presidente de la República[1], se encuentra a la cabeza el rector, personaje con las más amplias atribuciones, con capacidad de “dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel”[2], participando en su elección exclusivamente los académicos pertenecientes a las tres mas altas jerarquías. El único que lo puede subrogar es el Prorrector, nombrado por el rector y ratificado por el Consejo Universitario.

Un poco más abajo encontramos al Consejo Universitario, presidido por el Rector, y conformado por los decanos de las facultades y en el que los estudiantes y funcionarios pueden participar a través de un sólo representante con derecho únicamente a voz. Dicho consejo se limita principalmente a ratificar los designios del Rector[3].

Paralelamente, pero siempre por debajo de las otras dos estructuras, encontramos la joyita “democrática” de los estatutos: el Senado Universitario. Obviando lo irrisorio de la estructura “triestamental” (con 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios) que no permite ni a estudiantes ni funcionarios juntos poner siquiera un tema en tabla, lo fundamental es que a través de este espacio de representatividad de carácter accesorio, cuya única función relevante –en la práctica- es ratificar decisiones previamente zanjadas por el Rector o el Consejo[4], se pretende hacernos creer que la comunidad universitaria que no pertenece a la elite académica tiene injerencia real en la definición de políticas universitarias de largo alcance. Peor aún, si ya de por sí la única instancia con voz y voto para estudiantes y funcionarios tiene un peso insignificante, nuestros “representantes” no tienen ningún vínculo directo con nosotros, los estudiantes y funcionarios de base, monopolizando en función de intereses partidistas sus burocráticos y mezquinos cargos.

A nivel local la situación tampoco es de las mejores. Campus, Facultades y unidades académicas de rodillas frente al poder central concentrado en rectoría, con participación anecdótica de estudiantes y funcionarios, completan el cuadro, y como guinda de la torta, casi toda la izquierda universitaria haciéndole el juego al autoritarismo, reconociendo “el avance democrático” de los nuevos estatutos y lanzándose de lleno a disputar en función de sus miserables intereses las migajas que caen desde arriba.

Todo lo anterior se ha evidenciado fuertemente en las últimas movilizaciones que han sucedido en la Universidad. Por ejemplo, en el conflicto que se dió en torno al Proyecto Bicentenario en el campus Juan Gomez Millas se determinó, gracias a la movilización de estudiantes y funcionarios, que algunas cuestiones del proyecto debían ser redefinidas por la comunidad universitaria en su conjunto[5], como fue el caso del endeudamiento de las facultades involucradas. En ese marco, se dejó en manos del senado universitario la decisión de los detalles del procedimiento para tomar tal decisión, en tanto que se consideraba al senado la instancia institucional más democrática y representativa de la Universidad. La decisión del senado en esa oportunidad, como era de esperar, fue desfavorable para la mayoría movilizada, ya que el referendum -propuesto por los mismos movilizados- terminó teniendo una ponderación mayor para el voto de los académicos y la condición de que si ese mismo estamento no votaba en contra del endeudamiento, la votación de los estudiantes y funcionarios no era suficiente[6]. Para resumir, el senado estableció reglas favorables a la ratificación del proyecto tal cual estaba presentado en un comienzo, haciendole el juego a los de siempre y demostrando una vez más que no podemos dejar en manos de otros luchas que nos son propias.

Nadie peleará por nosotros, debemos seguir construyendo, fortaleciendo y democratizando nuestras propias organizaciones para luchar. No todo está perdido. Gracias a la lucha del 97 se instaló la necesidad de una orgánica distinta para la Chile, y nuevamente, si somos capaces de ir desde abajo impulsando una alternativa distinta podremos avanzar en el co-gobierno y en una triestamentalidad real y paritaria, que nos permita dentro del marco de la autogestión, entendida ésta no como autofinancimiento sino como la capacidad colectiva y realmente democrática de injerir en el rumbo de la U, construir una “Chile” y una educación no mercantil, pública y fraterna con los oprimidos y explotados.

[1] Estatutos de la Universidad de Chile, Título I, Artículo 9
[2] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 1, Del Rector de la Universidad de Chile
[3] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 2, Del Consejo Universitario
[4] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 3, Del Senado Universitario
[5] Tomando en cuenta que el Proyecto Bicentenario, como toda decisión de importancia, fue diseñado por una cúpula de autoridades de la Universidad.
[6] Es necesario aclarar, a fin de no dar pie a confusiones, que si se decidió negociar y delegar ciertas decisiones al senado no fue por ignorancia de los movilizados, sino por cierto desgaste percibido en la movilización, cuestión que hizo menos probable pelear por las demandas sin tener que tranzar.

“Estamos en un período de reflujo en las luchas del movimiento estudiantil” dicen varias agrupaciones políticas en los distintos espacios universitarios. Los análisis son variados, sin embargo, no son excusa para deshacer el trabajo y la experiencia acumulada al calor de las movilizaciones. ¿Las mallas curriculares están pensadas en el desempeño social de las carreras? ¿El mecanismo de ingreso (P.S.U.) ya no es elitista? ¿La educación dejó de ser un privilegio y pasó a ser un derecho? ¿La educación pública está al servicio del pueblo? Si la respuesta a estas preguntas es negativa –y lo es– no se justifica la poca participación estudiantil de este año.

Razones no faltan para movernos, y en medio de todas estas problemáticas el conflicto que emerge de manera más concreta y urgente es el alza de aranceles que afectará el bolsillo de todas nuestras familias. Este aumento es siempre justificado por el alza del IPC (Índice de Precios del Consumidor), pero aunque este año el IPC fue negativo (-1,1) los aranceles, lejos de bajar, subirán groseramente (se habla de entre un 14 y un 18%). O sea, otro gasto que se suma al que diariamente realizamos en materiales de estudio, ropa, comida, transporte, techo, entre varios otros, todo indispensable para desarrollar una vida digna.

Ante todo esto, la FECH se ha limitado a mandar informativos sobre lo perjudicial que sería la continuación de las alzas y a redactar una carta al Rector en la que señala la necesidad de congelar los aranceles. Iniciativas que, si bien necesarias, son completamente insuficientes si lo que buscamos es incidir de verdad en esta nefasta práctica de autofinanciamiento, pues chocan contra una institucionalidad muy poco democrática y una triestamentalidad ficticia expresada por ejemplo, en el Senado Universitario. Por otro lado, no es mucho lo que podemos esperar de una mesa directiva FECH copada por el reformismo y alejada de los estudiantes de base, sin capacidad de convocar en forma sincera y desde abajo a un proceso de lucha real.

Sin embargo, en la otra vereda podemos mirar los últimos sucesos en la U. de Conce, en donde l@s compañer@s acaban de dar una lucha ejemplar. Tras un mes y medio de movilizaciones lograron el congelamiento de aranceles por tres años y que desde el 2012 se aumentarán los aranceles de acuerdo al IPC del momento. También se disminuirá el costo de la matrícula en un 30%. Ambos beneficios para todas las generaciones. Lo que además muestra la posibilidad de movilizaciones en el segundo semestre y no sólo en la temporada otoño-invierno.

Entonces, el llamado es claro: la Universidad de Chile se está privatizando hace años y, mientras más se retrasen los procesos necesarios para detener esta tendencia neoliberal, más serán los derechos perdidos y mayor tendrá que ser la fuerza de la respuesta estudiantil. Si bien el ejemplo de nuestr@s compañer@s en Concepción está todavía lejos de transformar el sistema educativo de nuestro país, el congelamiento efectivo de los aranceles es sólo el primer paso hacia la restitución de nuestro derecho a la educación. Es desde estas pequeñas demandas que debemos ser capaces de tensionar la mercantilización de la educación hacia la gratuidad, el acceso igualitario, la triestamentalidad real y la socialización de la educación. Se trata, pues, de transformar nuestra casa de estudio en una institución al servicio de las mayorías, en una universidad que realmente sea de todos.
Un movimiento estudiantil que no es capaz de dar la lucha por demandas concretas y urgentes, no puede pretender levantarse por cambios de fondo. Urge la organización, urge la participación activa, urge la solidaridad, urge nuestro compromiso con los excluidos y oprimidos por el Estado y el Capital.

Arriba lxs que Luchan.

En base a la actual realidad política, social y económica, se hace pertinente analizar y caracterizar el proceso manifestado y experimentado tanto por el bloque en el poder como por el movimiento estudiantil en el último semestre. Nuevamente nos encontramos en un momento lleno de situaciones complejas y problemáticas producto de una nueva ofensiva del bloque en el poder, a propósito de la correlación de fuerzas positiva que han generado en términos legales, sociales y represivos. Por lo demás se hace necesario reconocer las debilidades del movimiento estudiantil en relación a su poder, a su unidad y a su capacidad de articulación. Precisamente nuestra intención no pasa única y exclusivamente por una descripción objetiva de los hechos, si no más bien por desarrollar una propuesta que nos permita superar nuestras flaquezas como movimiento y construir un poder estudiantil que sea capaz de hacerle frente a las intenciones del bloque en el poder, en vías a la concreción de nuestras demandas.

Cuando se duda del modelo las coaliciones se alinean.

El principal antecedente que demuestra la ofensiva del bloque en el poder en torno al fortalecimiento de las políticas neoliberales, es la capacidad de consenso y resolución mostrada por las distintas coaliciones parlamentarias, comprendidas como la Concertación y la Alianza, en cuanto a la aprobación de la nueva Ley General de Educación “LGE”.

Esta ley, mostrada mediaticamente como un avance en torno a las políticas sociales y al dialogo participativo y democrático en el chile “moderno e inclusivo”, en lo concreto, viene a ser exactamente lo mismo que la antigua LOCE, intentando dejar atrás el fantasma de la dictadura militar, siendo un cambio de forma pero no de fondo. La única diferencia sustancial entre la LOCE y la LGE, es que esta última hace una superficial declaración de principios, con una aparente pretensión reformadora, pero cuyo trasfondo reproduce la lógica neoliberal.Es decir, la educación sigue siendo concebida como un servicio al cual se accede por medio del dinero, despojando a las mayorías de su derecho a educarse digna y gratuitamente.

Otra problemática importante vinculada a la arremetida del modelo es el tema del transporte y la tarjeta nacional estudiantil. Si bien ya es cotidiano levantar año a año la reivindicación de derogación y/o modificación de los decretos 20 y 45 que regulan los recorridos, horarios y tarifas del servicio de transporte, en el último periodo se ha manifestado la negativa absoluta desde el gobierno y el empresariado del transporte. A pesar de las mesas de negociaciones caracterizadas por la imposición y la ineficiencia para las demandas estudiantiles, los acuerdos mínimos sobre los criterios del transporte estudiantil no han sido respetados y en lo concreto se mantienen las mismas problemáticas iniciales al momento de plantear las demandas en la movilización. La TNE efectivamente es de carácter nacional, pero no da solución a los problemas de tarifa y horario, rompiendo con los fundamentos básicos de la creación de esta misma. Resulta clarificador el hecho de que se genere nuevamente un subsidio al empresariado del transporte para dar solución a la problemática de las tarifas, haciendo explicito nuevamente el carácter subsidiario del estado y el fortalecimiento del esquema neoliberal en la actualidad, corroborando la tesis de que las políticas sociales quedan a merced del mercado.

Crisis educacional: ¿Autofinanciamiento o administración?

En cuanto al financiamiento de la educación, cada vez se hace más latente y aguda la crisis. La problemática provocada por la absoluta libertad del sector empresarial para invertir y lucrar junto a la voluntad irrestricta del gobierno para privatizar las instituciones estatales ha producido un sistema de competencia entre lo público y lo privado. A nivel de la educación básica y secundaria se experimenta la dureza de la municipalización en cuanto la distribución de recursos a través de una administración local, sin proyección nacional y con una realidad diametralmente opuesta dependiendo del municipio y del tipo de establecimiento educacional en cuestión. Por lo demás, se financia a instituciones privadas de la misma forma que a las públicas, siendo Chile uno de los únicos países en aplicar dicha política publica. De esta manera, la desvinculación del estado de los establecimientos educativos se hace cada vez más palpable a propósito de dichos fenómenos. Las instituciones municipales públicas quedan muy por debajo de las particulares, haciendo entender que la proyección que se entrega a los estudiantes también es diametralmente opuesta, a propósito de su poder adquisitivo y de su futuro rol productivo.

Las universidades públicas viven un proceso de crisis, en distintos niveles, en base a la necesidad de recursos económicos y al autofinanciamiento. Desde que el estado se desvincula de su responsabilidad total con las instituciones de educación superior comienza a surgir el autofinanciamiento como medida de superación para hacer frente a la competencia y a la flaqueza económica. En esta situación, las universidades crean nuevas carreras de barata infraestructura, poca proyección laboral pero de alta demanda, aumentan constantemente los aranceles y aumentan los cupos de las carreras aunque no estén en condiciones de hacerlo. Este año ha sido un momento culmine para varias universidades del país con problemas de acreditación, endeudadas con la banca y con situaciones irregulares y de corrupción. El Aporte Fiscal Directo (AFD) es extremadamente reducido, no supera el 20% del presupuesto total, y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) viene a elitizar la entrega de recursos puesto que es mayor para las universidades que se llevan los mejores puntajes, en relación al financiamiento de la educación superior. El gobierno no se hace irresponsable por dicha crisis y termina responsabilizando a la mala gestión a cada institución, desconociendo nuevamente su verdadero rol social. De hecho, tanto Yasna Provoste, controvertida ex ministra vinculada a ilícitos administrativos, como Mónica Jiménez, han dejado claro en sus pronunciamientos que el sistema en la actualidad funciona con buena gestión en términos ideales, y que las situaciones problemáticas o conflictivas son responsabilidad de la comunidad universitaria.

No es para nada extraño reconocer a estas alturas del año que efectivamente ha sido un periodo de gran complejidad para los estudiantes del país, caracterizado por la carencia de una articulación reivindicativa y por la inexistencia de nexos de comunicación que generaran una correlación de fuerzas positivas a la interna del movimiento. El despliegue de los estudiantes que se movilizaron primero en sus planteles universitarios, fue desarrollándose de manera parcelada, paulatina e inconstante. A nivel secundario se desarrolló algo más unificado pero que tampoco pudo generar referentes o grandes concentraciones más allá de la movilización en conjunto con los profesores que fueron convocados a lo largo de todo el país, todo esto, frente a la posible aprobación del proyecto de la LGE y de la gran cantidad de Universidades en crisis financiera a lo largo del país. Uno de los principales problemas que no pudieron resolverse de manera eficiente fueron los relacionados a las condiciones temporales de la movilización. El proceso de lucha estudiantil tuvo alrededor de tres momentos de agudización y tres momentos de baja, por lo que no hubo capacidad de articulación, todo esto junto a la múltiple diversidad de demandas que fueron levantadas.

El bloque social y la canalización reformista.

Agotadas las movilizaciones por parte de los estudiantes por el congelamiento de la tarifa, por el rechazo a la LGE y la derogación de la LOCE, casi sincronizadamente el gremio liderado por Jaime Gajardo levanta un paro por el “fortalecimiento de la educación publica” a horas de firmarse la aprobación de la LGE por la cámara de diputados. Ante esta emergencia, la concertación, para asegurar los votos por el pacto en educación firmado con la alianza y evitar la prolongación del paro, posterga la votación para el día siguiente donde por mayoría absoluta se aprueba la nueva ley por parte de los diputados. No pasa mucho tiempo para que el colegio de profesores convoque a un nuevo paro junto con la CUT, aprovechando la coyuntura en el parlamento por el veto a la ley. Esta vez la movilización alcanzo menos adhesión y cobertura mediática y probablemente no se convoque otra de esta magnitud hasta la aprobación total de la ley. (como finalmente ocurrió, N.E)

No es casualidad que la directiva del colegio de profesores convoque a una nueva jornada de movilización. Puede ocurrir que el Partido Comunista, ante la negativa de reformar el sistema electoral (como se afirma en la declaración leída por Gajardo: “Reforzar el binominal, vinculación con la LGE; (…) para hacer reformas sociales hay que hacer reformas políticas” ) por parte del parlamento, despliegue todas sus bases sociales para causar un ambiente de descontento, canalizado por las pocas direcciones que le quedan a este partido, y de este modo darle un temporal dolor de cabeza al gobierno, dolor que no tiene otra proyección que poner sobre el tapete político intereses reformistas conforme con el marco jurídico-legal burgués. (lo que finalmente no ocurrió N.E.)

En cuanto a la participación de la CUT. Si la movilización cuenta con el apoyo de dicha instancia sindical, por un lado se reafirma la calidad de “representante de los trabajadores”, puesto que, hasta el momento, se habían sumado numerosos gremios públicos y privados a la movilización, y por otro, con Martínez a la cabeza todo es mas fácil para el bloque en el poder si es que las aguas se mueven mas de lo debido; así el dialogo y el “nuevo congreso por mas y mejor educación publica” es en parte seguro y favorable para los de arriba, y en el peor de los casos para provocar confusiones entre el mismo bloque social. Esta presencia y canalización de la burocracia sindical dentro del movimiento de seguro beneficiará la correlación de fuerzas para ligar el “Segundo proyecto por el fortalecimiento de la Educación publica”, liderado por la nueva ministra Mónica Jiménez, al congreso proclamado por el gremio de profesores. De todas maneras, la masiva movilización se inscribe en el actual periodo de reactivacion del movimiento popular, dando un paso en la conciencia del profesorado de base.

Hacia la unidad y claridad política en el movimiento estudiantil y popular.

Los puntos en discusión en términos del horizonte de la lucha estudiantil fueron la democratización, el financiamiento, TNE y LGE, que si bien están conectados, existe una mayor importancia evidentemente de lo relativo a los temas estructurales vinculados al modelo. Lamentablemente dicha premisa no fue asumida inicialmente y se asumió dicha perspectiva de manera tardía, ya que algunos asumían el tema de la TNE y de las reivindicaciones internas como lo definitivo, dejando de lado la LGE y la crisis de financiamiento de la educación superior. Finalmente como se ha dicho, se hegemoniza lo relativo a la LGE, por una cuestión de coyuntura de agitación desde variados sectores sociales, evidenciando la incapacidad de los Zonales que no fueron capaces de generar consensos ni directrices mínimas más que convocatorias a movilizaciones, aunque a nivel de CONFECH se manifestaban acuerdos que a decir verdad representaban solamente a quienes se desempeñaban en las instancias de conducción política universitaria.

El avance que podríamos vislumbrar, en el actual periodo de luchas, en torno al movimiento social vinculado a la educación, ha sido, y continuara siendo, la articulación con la que se movilicen las distintas organizaciones representativas de los actores involucrados. Los estudiantes secundarios, los universitarios, los académicos y no académicos, debemos comprender que la victoria a nuestras demandas no caerá por voluntad del gobierno y los “políticos profesionales”, sino que será conquistado única y exclusivamente por la movilización conjunta y articulada, ya que como la experiencia nos ha demostrado, este modelo no cederá conscientemente para dar paso a nuestras demandas.

El camino que tenemos por delante es largo, y nuestras tareas como organizaciones político-sociales lo son aun más. Al movimiento vinculado a la educación, como el movimiento popular en su totalidad, le quedan muchas batallas por dar, muchas victorias y derrotas por vivir, pero al final de cuentas, el avance está en la experiencia que nos aporten tales luchas a nuestras organizaciones sociales, a la conciencia de las bases, a la politización del movimiento popular. Estos avances debiesen abrir las puertas a las proyecciones de las movilizaciones de todos los que luchan por dignidad, clarificando que la base de todas las problemáticas sociales están enmarcadas en el desarrollo del imperialismo en nuestro país y la imposición del modelo capitalista de corte neoliberal.

Por el momento debemos continuar fortaleciendo las organizaciones sociales y los referentes de coordinación mediante prácticas libertarias, levantando programas coherentes de articulación social y apostando por la formación de sujetos sociales, siempre amparando como premisa la unidad de los sectores, superar el gremialismo, la burocracia y la mediocridad política, asegurando el libre camino para la voluntad popular.

¡ Porque el Modelo No Cederá, Avanzar en la Lucha Popular !

ARRIBA LOS QUE LUCHAN



Con profundo pesar nos hemos enterado de la muerte del compañero Eladio Villanueva (ex secretario general de CGT), ante lo cual no podemos hacer más que entristecernos y compartir sentimientos de cariño y apoyo para con su familia, amigos, compañera y compañeros.

Tuvimos la suerte y el privilegio de conocer a Eladio en sus dos visitas a Santiago de Chile los años 2007 y 2008 donde pudimos compartir y aprender con él, de sus experiencias, convicciones, apuestas y autocríticas. Siempre bajo la firme convicción revolucionaria y libertaria, la honestidad y la confianza que sólo entre compañeros puede existir.

A pesar de la distancia geográfica, cultural, histórica e inclusive etaria siempre nos sentimos reconocidos y valorados por Eladio y en sus cortas visitas vimos su real preocupación e interés por la situación de nuestro pueblo y por las organizaciones y compañeros que apostamos por el cambio social.
Reiteramos nuestros sentimientos de cariño y apoyo para todos sus cercanos y agradecemos a CGT por permitirnos conocer a tremendo compañero.


¡Eladio Villanueva, vives en los que luchan!



Frente de Estudiantes Libertarios – Chile
15 de noviembre de 2009

8 DE ENERO: 18:00 A 21:00

- Revisión histórica del anarquismo en Chile

- Orígenes e ideas fuerza del Anarquismo social.

9 DE ENERO: 15:30 A 20:00

- Revisión de experiencias sociales

- Propuestas y perspectivas desde el Anarquismo social.

Lugar: CNTC (Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción), Almirante Hurtado #2069, Metro Toesca.

Organiza y Convoca: Organización Revolucionaria Anarquista Voz Negra - Estrategia Libertaria - Corriente de Acción Libertaria - Revista Hombre y Sociedad - Frente de Estudiantes Libertarios - La Batalla de los Trabajadores.


































En la IV Escuela de Verano del FEL "José Ego Aguirre" se realizarán una serie de ponencias y discusiones.

El día viernes las actividades parten a las 15:30 hrs. con una mesa cuyo tema será el "Sindicalismo y la Lucha de clases en el Chile de hoy", exponiendo Sintec y Siteco.

A las 17:00 hrs. se desarrollará otra mesa acerca del "Conflicto educacional: Sentido de la educacion y Sistema educativo Chileno".

El sábado la escuela comenzará más temprano, de 12:30 a 13:30 una mesa sobre la prensa en Chile, seguida a las 13:30 de un almuerzo de una hora.

A las 14:30 habrán ponencias sobre la Recuperacion y reconstruccion de la autonomía de los pueblos en Chile, enfocado desde una perspectiva del pueblo mapuche, seguido a las 16:00 hrs. por un "Análisis del movimiento estudiantil. De la lucha estudiantil a la lucha social por la educacion. Actores y proyeccion".

Finalmente a las 18:00 hrs. se realizará una actividad de cierre.

Esperamos contar con la presencia y activa participacion de todos, en estos momentos lo que más se necesita es crítica constructiva y militante.

¡Arriba las y los que luchan!

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